Mutatis Mutandis

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DESASTRE  FINANCIERO DE VERACRUZ.

¿SALTO O GRAN ASALTO?

Rafael Arias Hernández.

Faltan 487 días y el estado de Veracruz es más pobre, hambriento e inseguro. Siguen declaraciones, faltan soluciones.

Aumentan inconformidad y protestas; mientras MORENA encabeza el hartazgo social creciente y sostiene una responsable y consistente presencia y participación, en un Congreso Estatal, cada vez más irresponsable, cuestionado y ultrajado.

Veracruz sigue en recesión, de acuerdo al INEGI, de enero a marzo de 2017, su economía decreció  -1.5 %, extendiéndose la caída a más de un año. Preocupa mucho,  que no se haga nada al respecto.

Continúa el mismo discurso oficial y la nula política de participación y evaluación social;  acompañados de distracción y  enajenante,  entretenimiento mediático, como el de supuestos justicieros y superhéroes, en su fantástica lucha contra conocidos delincuentes.

La administración y procuración de Justicia es, sin duda, importante asunto público de interés general, pero debe tenerse presente que  solo es parte del gobierno; y que, cuenta con  instituciones propias para hacerlo  y hasta un supuesto poder independiente, encargados y  responsables de impartirla, oportuna y correctamente.

En plena crisis de las finanzas públicas estatales, cero y van dos, los intentos de este breve gobierno estatal, por reestructurar su deuda pública.

Historia repetida y conocida, mucho bla-bla, y peores o similares resultados. Los veracruzanos cada vez más endeudados.

Importante no olvidar, lo que hace casi 5 meses se advirtió y alertó, respecto a la inconsistente forma de plantear dicha  reestructuración. Ignorar y no tomar en cuenta lo señalado, ocasionó a Veracruz pérdida de tiempo y oportunidades. La situación se agrava y complica. Diferencia entre efectividad e incapacidad. El poder, para no poder.

Igual que hace meses se aprobó la supuesta “reestructuración del cheque en blanco” de la deuda pública estatal, bancaria y de valores. A pesar de que en su momento  se festinó, presumió y exaltó, termino por deshacerse en fracaso, porque simple y sencillamente no pudo llevarse a cabo; menos con opacidad y una nula incorporación  de participación social.

La realidad  pone al obsoleto autoritarismo y su discurso oficial  en su lugar; y en particular,  muestra y denuncia, la resistencia a no cumplir con las obligaciones de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;  en el colmo,  hasta se quiso impresionar con un innecesario transitorio del decreto aprobado al vapor. Transitorio que tampoco se cumplió ni ha cumplido en el reino de la opacidad.

Simplemente hay que tener memoria y recordar lo que se dijo, prometió y comprometió, ante un Congreso estatal, y hay que repetirlo,  servil y abyecto, que no sabe ni lo que aprueba. Desde luego, con excepción de algunos  diputados.

La novedad ahora, es que se inicia y presenta  un segundo intento, que por el lado crítico, ya es reconocido  popularmente como “el fideicomiso para endeuduarte más”; y por el otro, el del renovado optimismo del discurso de la alternancia,  asegura que representa una “novedosa forma de liberar y obtener recursos, sin aumentar la deuda, a intereses más bajos”.

Hasta hoy, intentos no son soluciones efectivas.

Una, para no variar,  alentada por el desmedido mensaje gubernamental, lleno de medias verdades y mentiras a medias. Y la otra, simplemente incrédula, pesimista y temerosa de que a fin de cuentas, termine pagando pérdidas y  platos rotos, como ya es costumbre en la historia de las finanzas públicas estatales. Los hechos pondrán en su lugar, a cada una.

Mueve y conmueve la esperanza popular, que espera soluciones justas y efectivas. Soluciones no declaraciones.

En cualquier caso, debe tenerse presente que:

Lo primero, es  que con o sin fideicomiso, la deuda publica existente y la que se contrate,  es del gobierno estatal; y quienes, a fin de cuentas pagan y habrán de pagarla son los veracruzanos, de las presentes y futuras generaciones.

Lo segundo, es que todo lo relacionado con sostener, aumentar o liquidar deuda pública es, en esencia,  uno de los grandes negocios de los bancos privados  y de sus cómplices en el gobierno. Hasta hoy, abundan los ejemplos nacionales, estatales y municipales. Es más, casos como el FOBAPROA y muchos otros, no tienen para cuando terminarse de pagar.

Lo tercero, básico e indispensable, es conocer el tamaño del daño. Precisa saber cuál es el total-total de la deuda pública, pues es deber ineludible de quienes dicen gobernar, cumplir y hacer cumplir la ley. Verificar, cuando y de cuanto se establecieron obligaciones de diversos tipos (mercantil, laboral, institucional), para  no concentrarse solo  en  reconocer y atender,   deuda bancaria y de valores que, por cierto, es un pasivo que, en todo caso, se compone de capital, plazo, intereses y costo de servicios complementarios. Bien se sabe de antemano,  que lo que se debe, no es solo lo que se pide y obtiene, como con frecuencia el discurso oficial intenta hacer creer.

Y cuarto, que todavía falta saber lo importante: qué se va a hacer con cada crédito, contraído en diferentes condiciones;  que otras  acciones adicionales, se van a establecer para cada caso; y que nuevas obligaciones financieras se intentará contraer. Debe  ponerse mucha atención,  dar puntual seguimiento y comprobar importantes detalles, como el que se ha anunciado: “se está por publicar una licitación para que los bancos ofrezcan tasas, condiciones y plazos para reestructurar” (AgenciaImagendelGolfo.260717)

Todo esto y más, debe hacerse con el debido cumplimiento de las leyes federales y estatales vigentes.

Urgen soluciones viables y justas. Indispensable dar puntual seguimiento, a compromisos  y metas, que deben alcanzarse y cumplirse, como:

-Obtener la más alta calificación crediticia (AAA), para Gobierno del Estado.

-No aumentar deuda pública.

-Asegurar que costos no superen lo obtenido.

-Reestructurar a tasas de interés menores.

-Liberar 50% de participaciones comprometidas hasta hoy.

-Aplicar recursos liberados a Infraestructura.

-Transparentar, garantizar acceso a información y rendir cuentas.

-Impulsar, respetar e incorporar la participación ciudadana y social,

Para asegurar  soluciones justas y viables, habría que analizar y debatir sobre un grave error, repetidamente incluido en los dos decretos. Tema, que merece abordarse en otro momento.

No gastar más y endeudar más. Soluciones no declaraciones.

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