Por Renato Consuegra 

México, D. F., a 5 de diciembre de 2012.El sexenio de Felipe Calderón terminó con un saldo social violento, uno económico de mejores perspectivas a futuro, uno financiero con altos índices de equilibrio —salvo que en los próximos días se destape alguna mentira o se invente otra— y uno político donde, si bien tiene una alta percepción de ineficacia por su labor a nivel mediático, entregó un país en marcha y con aceptación por su labor, según algunas encuestas —las serias—; es decir, no fue reprobado.

Empero, quedan muchas interrogantes sobre las acciones y el rumbo que tomó su gobierno, el cual inicialmente había sido planteado como el del empleo. Y la explicación quizá se remite a que Calderón se coló a una fiesta a la que no había sido invitado porque no formaba parte de los grupos de poder que decidieron, en 1994 desbarrancar el proyecto reeleccionista de Carlos Salinas de Gortari, para mantener el juego de la alternancia en el poder que se daba en el propio PRI.

Aquel año del levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, como dijo el hermano de éste, se soltaron los demonios que decidieron jugar a la alternancia del poder fuera del PRI, pero controlada por ellos mismos. Fue así como al año siguiente impulsaron a Vicente Fox para ganar Guanajuato, quien al rendir protesta de inmediato lanzó su candidatura presidencial para 2000.

Ese mismo año comenzó a descollar otro actor político, impulsado por las cajas de los gastos de campaña de Roberto Madrazo en Tabasco, las cuales sólo se las pudieron entregar por órdenes de Ernesto Zedillo, quien marcó su sana distancia del PRI para dirigir la “transición a la democracia” al imponer un candidato modo para Vicente Fox.

En tanto, Andrés Manuel López Obrador accedía a la Jefatura de Gobierno con un fallo a modo desde el Tribunal Electoral del Distrito Federal, pese a carecer de la residencia legal. Así se impulsaba el eslabón que en 2006 asumiría para entregar el poder nuevamente al PRI este año.

La estrategia para hacer de Fox y López Obrador personajes que en el imaginario popular lograran vencer las inercias del aparato priista en las elecciones, fue idéntica: que el Presidente de la República en turno los subiera al ring nacional, los hiciera visibles y ellos se identificaran con el descontento popular. Uno macho, bravucón, se impondría al PRI; el otro defendería las causas de los pobres con un mensaje de honestidad que sólo él y algunos acólitos se lo creen.

Fox llegó a la Presidencia frente a un Francisco Labastida opacado. La receta la pretendió repetir Fox con Santiago Creel, para dejar el camino libre al tabasqueño. Sin embargo, no tenían contemplado que Calderón se les cruzara en el camino y desbarrancara el proyecto dela transición controlada.

¿Qué ocurrió entre el primer domingo de julio y el 1 de diciembre de 2006, que obligó a Felipe Calderón a declarar la “guerra” al narcotráfico? Algún día deberá aclararlo Felipe Calderón, porque la noche del 30 de noviembre pasado Joaquín López Dóriga presentó la segunda parte de una entrevista en la que, al final, dijo: “Hay quien apostaba que yo no llegaría a la Presidencia; hay quien apostaba que yo no tomaría protesta; hay quien apostaba que yo no llegaría a los tres meses de mandato”. Ese alguien, aclaro, no fue López Obrador, sino una conjunción de fuerzas, la misma que descarriló el proyecto de Salinas de Gortari.

Porque tras la toma de protesta de Calderón y su declaración de “guerra”, en los estados no sólo dejó de combatirse a la delincuencia organizada, sino que, por el contrario, existen indicios no sólo de que se le solapó, sino también se le protegió. López Obrador mantuvo un plantón que en cualquier parte del mundo lo habrían llevado a la cárcel y aquí, incluso, se le protegió.

Dentro del PAN Manuel Espino inició una campaña nacional con recursos aún no revelados en contra de Calderón, fortalecida en los últimos meses de la pasada campaña presidencial por Vicente Fox —por cierto, el viernes 30 de noviembre dijo Calderón que no le merecía el menor respeto. Tampoco podemos olvidar que el dirigente de este grupo político, Diego Fernández de Cevallos, fue “secuestrado” en un momento de gran trascendencia política, cuando se tomaban importantes decisiones sobre el futuro del PAN y sus candidatos.

Es claro que Calderón no estaba invitado a la “fiesta de la democracia” y la “alternancia controlada” y, por lo mismo, tuvo un sexenio donde la apuesta era el desgobierno y que otras fuerzas no se apoderaran del poder con Calderón por delante. Hoy parece volver a tomar rumbo “el destino del país”, mientras varios de los actores principales reciben su pago por retornar el tren al camino inicialmente trazado. López Obrador no alcanzó la Presidencia, pero tendrá un partido para jubilarse, lo mismo que Manuel Espino.

El destino de Calderón en Harvard es incierto, como en su momento lo fue el de Carlos Salinas. Calderón le debe una explicación a la Nación sobre quién o quienes apostaron a que no gobernaría y que son, seguramente, los responsables de miles de muertos y desaparecidos.

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El miedo es la hebra maligna y corrosiva, con la cual, está tejida la vida de un alcohólico. El miedo se manifiesta en todos los actos, suprimiendo la inteligencia, la voluntad y la libertad; con ello, se obstruye la conciencia.

   La omnipotencia es generadora del miedo, nos hace creer que tenemos poder y cuando los hechos demuestran que carecemos de él, se crea un gran desconcierto en la personalidad. Por eso, los alcohólicos manejamos los opuestos.

     Mostramos un rostro duro para ocultar nuestras debilidades, agredimos para disimular nuestro temor. Aparentamos ser controladores o manipuladores pero, en el fondo somos dependientes solo del alcoholismo. Pregonamos libertad siendo esclavos del alcohol y de nuestros defectos. Lanzamos piedras a los pecadores, escondiendo nuestros pecados. Hablamos de amor con la misma lengua con la cual insultamos.

     El miedo es una cárcel que no permite ver la luz, encierra el espíritu y enajena los sentimientos transformándolos en emociones. Como en un salteador rapaz aparece en cada pensamiento, en la mirada, en la voz y en la oración. Nos conduce al egoísmo, el resentimiento y la culpa. Instiga la ira y la vanagloria. Es generador de la pereza, el orgullo, la lujuria, la envidia, la avaricia y la gula.

    Desconcertados, ya no sabemos si tememos más a vivir o a morir. Los alcohólicos tenemos una gran tendencia a la grandiosidad pero somos inmaduros emocionales, nos manejamos con una individualidad desafiante. Por lo tanto, no aceptamos ser controlados por Dios o por el hombre, luchamos hasta lo último para ser dueños de nuestro  propio destino y con estas características, somos vulnerables para sobrevivir solos en el mundo del alcoholismo.

    Acosados por mil formas de temor utilizamos infinidad de armas como defensa: intriga, injuria, lastima por uno mismo o soberbia. El que más grita es el que más miedo tiene, o el tamaño del arma es el mismo de tu miedo.

    Los instrumentos para contrarrestar el miedo y el abuso excesivo al alcoholismo están; en los grupos tradicionales de hora y media de Alcohólicos Anónimos, pertenecientes a la Central Mexicana de Servicios Generales.

   La oración y la meditación dentro del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, proporcionan seguridad cuando todo parece ser un caos, nos da un sentido de pertenencia y la seguridad de que no estamos solos, otorga valor donde hay temor.

   Fuimos creados para ser felices, como seres únicos, irrepetibles, con debilidades y fortalezas. No nacimos para ser miedosos, ni mucho menos para sufrir las espantosas crudas originadas por el alcoholismo, tampoco fuimos creados para traer sufrimiento a nuestros seres queridos por culpa de nuestras borracheras. Los Alcohólicos Anónimos poseemos un espíritu fuerte, luchador, que no se vence ni aun vencido. Ya no nos arrastramos ante nadie, menos ante el alcohol, hoy somos generadores de nueva vida para aquel que todavía sufre del alcoholismo, somos instrumentos de Dios, renacimos para tener una mejor calidad de vida y elevamos nuestro espíritu donde El nos necesite.

   Si Dios conmigo. ¿Quién contra mí?

Por José Martínez M. (*)

Hace 55 años se publicó la novela Los Intocables escrita en 1957 por Eliot Ness y Oscar Fraley. Está obra causó tal sensación al grado de que la American Broadcasting Company llevó a cabo la adaptación para una exitosa serie de televisión que acaparó de manera inusitada la atención del público durante cuatro años ininterrumpidos (1959 a 1963).

Con la ayuda del reportero Oscar Fraley, el ex agente federal Eliot Ness escribió sus memorias en las que narra –con un poco de ficción– sobre como él y un grupo selecto de agentes lucharon contra el crimen en Chicago en los años 30 durante la Ley seca en Estados Unidos.

El impacto fue tal que treinta años después de publicada la novela, el cineasta Brian De Palma realizó en 1987 la película de Los Intocables basada en un libreto del guionista David Mamet. La estrella del reparto fue el magistral Kevin Costner.

Lejos, pero muy lejos de esta historia, en México hay un personaje de novela, un hombre que sabe demasiado y que por lo tanto ha sido intocable, no como Eliot Ness que era incorruptible y de su lucha contra el crimen que hizo de él una leyenda. “Intocable” por ser uno de los hombres del poder.

Se trata de Genaro García Luna “el intocable”. Un ingeniero mecánico electricista que realizó sus estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Xochimilco, que de las aulas universitarias pasó a los sótanos de la policía y de ahí a la cúspide del poder.

Así como muchos nacen para ser futbolistas, zapateros o periodistas, García Luna nació para ser policía. De ello siempre se ha jactado. Lo cuenta así el que llegó a ser el hombre más poderoso del país después del Presidente en su libro Contra el crimen, pasado, presente y futuro de la policía en México. ¿Por qué 1,661 corporaciones de policía no bastan?

Habla García Luna:

“Para 1989, en nuestro país comenzaban a respirarse los aires de la globalización. La Guerra Fría quedó atrás, cayó el muro de Berlín con todo lo que eso implicaba, los sistemas de inteligencia de todo el mundo también comenzaban a cambiar.

“El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), concebido como un servicio de inteligencia y contrainteligencia civil para la seguridad nacional, fue creado precisamente en 1989 con la misión de reclutar profesionistas especializados, su mecánica operativa articulaba lo último en metodología, sistemas y tecnología para la investigación con una visión institucional de Estado y no solo de Gobierno, rebasando el concepto y la definición anacrónica de “policía política.

“El CISEN comenzó a reclutar cuadros de jóvenes pasantes y profesionistas de varias disciplinas con un factor en común: no estar involucrados con sistemas de seguridad y no tener interés en pertenecer a cuerpos de seguridad.

“Mentiría si dijera que llegué al Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el CISEN llegó a mí. A esa convocatoria selectiva asistimos compañeros de diversas facultades, algunos pasantes y otros con título nos ofrecieron un empleo bien pagado al finalizar nuestra carrera. En mi caso me iba a desarrollar en sistemas y tecnología que en esos momentos estaba llegando a México en forma masiva a través de sistemas de telecomunicaciones, equipos de cómputo y metodología para procesar información.

“El proceso de selección se prolongó cuatro meses. Durante todo ese tiempo los aspirantes no teníamos idea de que se trataba de una nueva agencia de inteligencia. Los exámenes de admisión fueron extremadamente rigurosos: polígrafo, psicológico, psicométrico, conocimientos, entorno social y situación patrimonial.

“Lo sorprendente es que cada vez que acudíamos a una etapa del proceso de selección de entrevistadores nos hablaban sobre nuestras actividades personales, amigos o relaciones, preferencias y debilidades, información que nosotros no habíamos proporcionado.

“Después de acreditar todos los exámenes, de múltiples entrevistas, una exhaustiva investigación personal, en curso de inducción y formación básica para investigación, pasamos a formar parte de la primera generación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional”.

La primera prueba de fuego para Genaro García Luna surgió cinco años después como agente especial del CISEN con el levantamiento del Ejército Zapatista el 1 de enero de 1994. Fue un fracaso. De nada sirvieron esos largos años de entrenamiento y capacitación, pues otro joven de la UAM Xochimilco resultó ser Rafael Sebastián Guillén Vicente cuyo nombre de guerra era el subcomandante Marcos.

No obstante esa amarga experiencia Genaro García Luna se fue encumbrando en las estructuras de la seguridad nacional hasta erigirse en el súper-policía del régimen panista hasta su ocaso con el regreso del PRI al poder, borrando de un plumazo a su obra cumbre: la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la institución policiaca más poderosa y privilegiada en la historia del país.

Inmerso en el tema de la seguridad nacional el autor de la Contracolumna solicitó una entrevista al ingeniero Genaro García Luna, de entrada el funcionario ofreció una visita al Búnker donde se asienta el Centro de Control de Mando y la base de la Plataforma México, acepté, impresionantes las instalaciones, un recorrido palmo a palmo durante más de seis horas por todas las áreas de inteligencia y una visita especial de este periodista en compañía de cuatro legisladores federales a uno de los penales más modernos y seguros del país, el de Hermosillo, Sonora clasificado en el nivel 5 de máxima seguridad.

Si bien García Luna no declinó la entrevista –para un extenso trabajo en el que el autor de la Contracolumna trabaja desde hace varios años– son muchas las dudas y las preguntas que surgen alrededor de este conspicuo personaje sobre el que durante años han llovido lo mismo críticas que alabanzas, así como una andanada de denuncias sobre supuestos nexos con figuras del crimen organizado, algunas de ellas sospechosas campañas en su contra vinculadas a grupos del narcotráfico.

El asunto es por qué con Vicente Fox y Felipe Calderón, Genaro García Luna permaneció inamovible e intocable.

Muchas son las dudas y las preguntas. Por qué Genaro García Luna decidió no hacer público su patrimonio en sus últimas declaraciones a las que por ley estaba obligado, y peor aún cuando constantemente ha estado bajo severos señalamientos de enriquecimiento inexplicable amasando fortuna y propiedades.

Tampoco respondió a la exigencia de hacer públicos los resultados de los exámenes de control y confianza a los que por ética y por ley debía ser sometido como funcionario y uno de los encargados de la seguridad nacional, recordemos el caso del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas que terminó protegiendo y sirviendo a los cárteles de las drogas.

Bajo qué argumentos jurídicos García Luna como secretario de Seguridad Pública Federal autorizó compartir y mantener acceso libre y directo a la CIA y a la DEA sobre asuntos de seguridad nacional, como lo revelaron los cables de WikiLeaks 09MEXICO1971, 09MEXICO2134, 09MEXICO3195 y 08MEXICO1063, en los que el legislador estadounidense republicano Mark Kirk, cuestionaba, en 2009, la credibilidad del funcionario.

Por qué el presidente Calderón ordenó a la PGR no acatar las exigencias del IFAI de hacer públicas el número de las averiguaciones en contra de Genaro García Luna por sus presuntas relaciones con el crimen organizado.

Por qué no se sancionó a Genaro García Luna con la pérdida de la nacionalidad mexicana y destitución del cargo por haber aceptado una condecoración del gobierno de Colombia sin haber informado y consultado al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones exteriores.

Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación no implementó medidas judiciales en contra de Genaro García Luna tras haber comprobado que se violaron garantías constitucionales en el caso de la ciudadana francesa Florance Cassez.

Sin duda son muchas las preguntas, como el hecho de haber llevado a su más bajo nivel las relaciones de México con Francia por el caso Cassez y dar al traste con el denominado Año de México en Francia, luego de las declaraciones del mandatario francés Nicolas Sarkozy, quien había anunciado que todos los eventos enmarcados en dicha celebración estarían dedicados a Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión en nuestro país por formar parte de una banda dedicada al secuestro.

La pregunta es ¿Qué hay detrás de Genaro García Luna que lo hace intocable?

¿Qué tanto saben en el PRI que los motivó a terminar de un plumazo con el imperio de García Luna?

¿Después del 1 de diciembre qué va a pasar con García Luna?

¿Se unirá al equipo de Peña Nieto? O ¿Habrá rendición de cuentas?

Lo cierto es, Genaro García Luna es un hombre que sabe demasiado. Y tal vez eso lo hace un “intocable”.

TESTIGOS PROTEGIDOS

(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

México. D. F., a 17 de septiembre de 2012

Dos teorías del derecho han entrado en colisión con el gobierno de Felipe Calderón que ponen en alto riesgo la libertad y la seguridad jurídica de los mexicanos. Su reforma amerita desandar el camino andado en estos seis años donde el uso de los instrumentos de procuración de justicia como herramientas políticas bajo el argumento de que se condena al enemigo, ha dejado un saldo negro. Veamos.

Primero. Entre muchas otras, hay dos grandes posturas doctrinales que entienden la finalidad del Estado. El derecho del enemigo, expresión acuñada por Günther Jakob, en 1985, hace una diferenciación entre el derecho penal de los ciudadanos que entraña tipos penales incidentales y el del enemigo que estigmatiza desde el principio como “enemigos” a los que hay que neutralizar y aplicar leyes especiales, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que acotan los principios básicos de la presunción de inocencia, amplitud de las penas, restricciones al debido proceso, bajo el argumento de que, a juicio del Ministerio Público, son enemigos del Estado y, por tanto, quedan reducidos a su mínima expresión sus derechos a un debido proceso.

Por el lado contrario, el neoconstitucionalismo sostiene la posición contraria, que tiene como eje la protección de la dignidad humana, la supremacía constitucional y el objetivo de que la finalidad del Estado no se constriñe a la seguridad, sino a la libertad. En esa línea se inscriben los grandes teóricos del derecho como Robert Alexy, Luigi Ferrajoli, Sergio García Ramírez, por citar algunos ejemplos. En el Estado democrático de derecho toda norma que haga distinciones y restrinja derechos humanos es inconstitucional.

Segundo. En este contexto, la figura del testigo protegido, que se ha vuelto una pieza del gobierno federal para atacar a sus enemigos, es grave no sólo por quienes eventualmente puedan cometer algún delito, sino para la sociedad entera, como usted y yo, porque en cualquier momento podemos ser objeto de esta vía y estar en plena indefensión frente al poder.

Por un lado el artículo 40 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establece que: “Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado, el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa”. Con poca afortunada técnica legislativa en su diseño legal, esta disposición es un galimatías, que requiere de otra disposición para ser entendida en sus términos.

Es atendible, por ello, la Tesis por unanimidad del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, que a la letra dice: “Testigo es toda persona física, que manifiesta ante los funcionarios de la justicia lo que le consta, por haberlo percibido a través de los sentidos, en relación con la conducta o hecho investigado; es un órgano de prueba, en cuanto comparece ante el agente del Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional a emitir su declaración. Pero, en tratándose del tema de la valoración de su testimonio, es importante atender a dos aspectos: la forma (que se refiere también a lo relativo a la legalidad de la incorporación y desahogo de la prueba en el proceso) y el contenido del testimonio.

Es decir, en términos generales la valoración de un testimonio se hará, en primer lugar, atendiendo a los aspectos de forma previstos en el artículo289 del Código Federal de Procedimientos Penales. Y, si bien es cierto que tratándose de delitos vinculados con la delincuencia organizada debe en principio estarse al contenido de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, también lo es que en dichos preceptos no se regulan exhaustivamente los parámetros de valoración del aspecto formal y material del dicho de un testigo protegido; de ahí que al ser el Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria ordenada por el artículo 7o. de la propia ley especial, resulta indiscutible que deberá atenderse a los parámetros que el citado artículo 289 del ordenamiento procesal federal citado establece, en todo lo conducente.” (Amparo en revisión 202/2004. 10 de marzo del 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretaria: Alma Jeanina Córdoba Díaz)

Tercero. Como lo sostiene correctamente la resolución anterior, ante la oscuridad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se debe remitir al Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), el cual dispone que: “ Para apreciar la declaración de un testigo el tribunal tendrá en consideración: I.- Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del acto; II.- Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad; III .- Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro. IV.- Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y V.- Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno”.

¿Qué persona en su sano juicio podría creer que un testigo protegido observe los requerimientos que el CFPP requiere? Si no se expande esta tesis citada del testigo protegido, que en la práctica tiene un valor preponderante para el ejercicio de la acción penal, todos seguiremos en el peor de los mundos. El artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada crea generosos incentivos para que el Testigo Protegido testifique contra quien sea, porque de esta forma tiene frente a sí 7 posibles recompensas que pueden llegar a reducir las dos terceras partes de la sanción recibida.

En suma, debemos regresar del derecho penal del enemigo de Felipe Calderón al derecho garantista y neoconstitucionalista. Más todavía, el artículo primero constitucional ubicado en la parte dogmática dispone que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Asimismo, el citado artículo prohíbe cualquier medida que: “atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Quienes sean absueltos deberían iniciar demandas de reparación de daños y perjuicios por lo que dejaron de ganar o perdieron así como por la afectación a sus derechos al honor y a la propia imagen. Estas demandas deberían ser formuladas contra la institución y contra las personas físicas (Agentes del Ministerio Público, Directores de Comunicación Social, etc.) lo que elevaría los costos de quienes se conducen por consigna, colusión o sean parte de la más amplia corrupción.

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Enfermedad y poder

• Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

El 7 de marzo de 2004, el editorial de The New York Times publicó un sugestivo texto cuyo título lo decía todo “La necesidad de candidatos sanos” al hacer una crítica a la información mínima de la salud de los gobernantes. La tensión entre el derecho a la vida privada de los gobernantes y el derecho a saber de la comunidad es un tema que en México sigue abierto. Veamos

Primero. La regla general dispone que los expedientes médicos formen parte del núcleo duro de la vida privada de los seres humanos. Este punto de partida forma parte de las distintas disposiciones en materia de protección de datos personales. Por supuesto, por definición los derechos no son absolutos. Deben ser armonizados con otros derechos y en, suma, con el interés público. El derecho a saber de la comunidad es una prerrogativa que ha ido creciendo en México.

Hace tan sólo 17 años constituía una postura políticamente incorrecta cuestionar el sueldo del presidente de la República. Sergio Aguayo hizo esa solicitud que le hizo mucho bien al país. Logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ensanchara el alcance del derecho a la información adicionado al artículo 6º constitucional a instancias de Luis Javier Solana en 1977. (Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal). Hoy en día, salvo contadas excepciones, los sueldos, bonos y prestaciones de los servidores públicos constituyen información que de oficio se pone a disposición de la comunidad.

Desde 1972 en los Estados Unidos se ha vuelto una práctica común hacer pública la información sobre la salud de los candidatos, gobernantes y políticos y se cuenta, mejor todavía, con una estadística con datos duros sobre la salud de los presidentes de la República. (Jonathan Davidson y otros “Mental Illness In U.S. Presidents Between 1776 and 1974: A Review of Biographical Sources” publicado por Journal of Nervous & Mental Disease: Enero del 2006. Volumen 194, Ejemplar 1 pp 47-51) Janlori Goldman y Elizabeth Ida Tossell formulan la siguiente pregunta:” ¿Usted votaría por un candidato presidencial que sufra una enfermedad que lo debilite y pueda afectar el desempeño de sus funciones o incluso comprometer que pueda cumplir su periodo?” (“Presidential Health: Do We Have a Right to Know?” en http://www.ihealthbeat.org/perspectives/2004/presidential-health-do-we-have-a-right-to-know.aspx#ixzz22LkdPhBb).

En Europa, los doctores Pierre Rentchnick y Pierre Accoce se dieron a la tarea de estudiar la salud de los gobernantes y su impacto en la sociedad. Por ejemplo, afirman que el presidente Franklin D. Roosevelt padecía de presión arterial alta lo que reducía su lucidez en las negociaciones territoriales en el marco de la segunda Guerra Mundial. (Ces malades qui nous gouvernent. Librairie Générale Française. 1978)

Segundo. En México, no hay mayor bibliografía sobre el tema. De manera intuitiva, empieza poco a poco a dejar de ser un tabú. Hace sólo año y medio, Carmen Aristegui fue sancionada por preguntar si el presidente Felipe Calderón es o no alcohólico. En Estados Unidos hubiera sido una interrogante que difícilmente hubiera sido ajena al periodismo. En México, en cambio, generó que fuera despedida de MVS por ese hecho. No se le perdonó, en principio, que rompiera los umbrales de tolerancia de los poderes formales e informales ante un asunto que hacía más de 40 años formaba parte de las culturas democráticas.

En Estados Unidos y en Europa se cuentan con datos para hacer un estudio comparativo de la salud presidencial. En México, no. Y ahora creo que no es porque se trate de información clasificada como confidencial, sino seguramente inexistente por nuestra subcultura política. En las elecciones presidenciales recientes el tema de la salud de los gobernantes ingresó a la agenda pública por un desfallecimiento momentáneo de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, que terminó por crear consenso entre los candidatos presidenciales para realizarse exámenes de salud y poligráficos.

Sobra decir que la información sobre la salud de candidatos y gobernantes tiene un impacto importante habida cuenta que estos deciden los asuntos de todos. Ellos sufren sus enfermedades, pero la sociedad las padece si se toman decisiones equivocadas. (Nelson Castro. Enfermos de poder. La salud de los presidentes y sus consecuencias. Vergara. 2009)

Tercero. Si bien el tema de la salud presidencial fue coyuntural, habría que aprovecharlo para generar estándares que permitan crear un equilibrio entre el legítimo derecho a la vida privada de quienes gobiernan y el derecho a saber de la comunidad. En el país donde la fuerza del Ejecutivo es mayúscula por el diseño constitucional se debería crear por ley un sistema que repose sobre las siguientes líneas mínimas: a) Los exámenes médicos deben hacerse por lo menos al Presidente de la República, Secretarios de Despacho y equivalentes, gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales de las capitales de los estados así como a los candidatos a cargos de elección en el ámbito del Poder Ejecutivo; b) La práctica de exámenes de salud se debe hacer de tal suerte que se haga pública sólo aquella porción informativa que pueda tener un impacto en el óptimo ejercicio de sus funciones. De esta suerte, se mantiene a salvo el derecho a la vida privada de candidatos y gobernantes del morbo o de la curiosidad pública; c) Los exámenes deben hacerse de manera anual como sucede en los estados democráticos y dar a conocer con detalle cuando candidatos o gobernantes sean sometidos a operaciones que impliquen anestesia general, habida cuenta que en ese momento pierden totalmente la conciencia; d) Los exámenes deben realizarse por expertos independientes.

AMLO y EPN coincidieron en que fuera la UNAM la encargada de esta tarea a efecto de evitar exámenes a modo que manipulen la información real. Este ejercicio sería un paso más en la abultada lista de pendientes en materia de transparencia y rendición de cuentas.

]]> http://www.elchiltepin.com/articulo-editorial/feed/ 0 http://www.elchiltepin.com/control-sin-confianza/ http://www.elchiltepin.com/control-sin-confianza/#comments Tue, 31 Jul 2012 16:30:12 +0000 Redacción http://www.elchiltepin.com/?p=20636 Ernesto Villanueva

Artículo Editorial

CONTROL SIN CONFIANZA

(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

México. D. F., a 30 de julio de 2012

En México toda experiencia extranjera utilizada como herramienta de mejora, en este caso de los agentes del orden, la tropicalizamos y hacemos de un buen ejemplo, una práctica con muchas oportunidades de mejora. Hoy se trata del denominado control de confianza que se quiere hacer ver cómo una especie de “certificación” o “reconocimiento” de que los cuerpos de seguridad mexicanos están mejor que antes. Eso no necesariamente sucede así. Veamos.

Primero. Los exámenes de control de confianza son un conjunto de pruebas médicas, psicológicas y de aptitud. En los países democráticos esos exámenes son realizados con parámetros en común para buscar más o menos los mismos resultados, por expertos sujetos a su vez a exámenes periódicos y no constituyen una herramienta única, sino parte de un todo que genera la “certificación”.

Para obtener el reconocimiento de referencia se requiere, además, de criterios puntuales para resolver conflictos de interés, incompatibilidades, regulaciones para traslado de pruebas, garantías de seguridad jurídica para los agentes del orden y 440 rubros más aproximadamente, que incluyen lo que se llama la auditoría legal para mejorar el sistema normativo de las secretarías de seguridad pública y de las procuradurías de justicia, lo que en México, por cierto no existe, sino de manera excepcional y con problemas de concepción como fue el caso de Chihuahua o el mejor trabajo hecho por la Secretaría de Seguridad Pública de Mexicali, Baja California.

En los demás casos incorrectamente se utiliza el mal aplicado examen de control de confianza como sinónimo de “certificación” aprovechando el desconocimiento poblacional y la necesidad de seguridad psicológica de los más amplios sectores de la comunidad.

Segundo. Sostengo que los exámenes de control de confianza son inadecuados en México por las siguientes razones: a) El personal que los practica casi en todos los casos carecen del doctorado en su respectiva área de conocimiento; b) El Personal que se encarga carece de obra académica arbitrada y publicada por editoriales de reconocido prestigio; c) El personal encargado es nombrado y removido libremente por la propia autoridad a la que rinde cuentas la Secretaría de Seguridad Pública o Procuraduría General de Justicia en última instancia; en otras palabras son juez y parte; d) No hay criterios objetivables y transparentes de qué es lo que se busca con los exámenes y qué herramientas se utilizan para el efecto; e) El personal que aplica los exámenes no son objeto a su vez de exámenes de control de confianza por entidades expertas e independientes.

Esto en su conjunto lo que genera es un círculo vicioso que aporta nuevos instrumentos para la corrupción y la simulación. De esta suerte, un agente del orden que no le entre con su mochada puede reprobar los exámenes y, por el contrario, agentes del orden con las más altas calificaciones de corrupción pasa con honores los exámenes de referencia.

Tercero. Hay un principio básico que sostiene que a mayor importancia social mayor costo económico por actos de corrupción. Por ejemplo si deseo obtener una cédula profesional de médico hecha por las propias instituciones médicas y la SEP, donde aparece en la base de datos de la Dirección General de Profesiones, tendrá un costo mayor que una cédula profesional de médico hecha con los mismos materiales físicos, pero sin que obre en los registros de la SEP.

El examen de control de confianza ha incrementado sus costos en el mercado de la corrupción incentivado de mala o buena fe por las autoridades. Se han convertido en un “fetiche”. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua “fetiche” significa “ídolo u objeto de culto al que se atribuye poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos.

Por lo anterior, las “certificaciones” incluidos los exámenes de control de confianza deberían hacerse por una institución independiente que cuente con todos los recursos humanos y materiales como la UNAM, que podría crear un equipo interdisciplinar rotativo junto a las principales instituciones universitarias del país, todos con doctorado, miembros del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt y obra publicada en sus áreas de especialidad. Incluso así no se garantizaría la muerte de la corrupción, pero estoy seguro que sería mucho menor que ahora.